La jueza Ana María Figueroa, presidenta hasta ayer de la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal, e integrante de la Sala 1 de dicha Cámara, informó la decisión de no firmar sentencias ni decisiones administrativas ni seguir ejerciendo la presidencia, pero no renuncia ni se acoje a la jubilación a la espera de lo que resuelva el Senado, otorgándole 5 años más en el cargo.
Apeló la jueza a un reglamento caduco que preveía que el Senado podía aprobar nuevamente su pliego antes de fin del año parlamentario. La jueza invocó la resolución 521 del año 2017 del Consejo de la Magistratura, que fue modificada por otra, la que omitió, la 511 del año 2018 que señala que al cumplir los 75 años, el Ministerio de Justicia debe jubilar a los jueces, si es que no les dieron acuerdo para su fecha de cumpleaños o si se los negaron expresamente.
Esa resolución del año 2018 está en línea con el fallo Schifrin de la Suprema Corte y del reglamento del Ministerio de Justicia, cuando era ministro, Germán Garavano, ambos respondiendo al artículo 99 inc 4 de la Constitución Nacional que señala que, para mantener en el cargo a los jueces que alcancen los 75 años de edad, se requiere un nuevo nombramiento del gobierno, precedido de igual acuerdo del Senado.
La jueza Figueroa tampoco cumplió uno de los requisitos que exigía la Resolución 511. El pedido de nuevo nombramiento al Gobierno debe ser efectuado con al menos un año de anticipación a la fecha del cumplimiento de los 75 años del magistrado. La solicitud se realizó unos meses antes.
La jueza se autocolocó en una especie de limbo judicial. Está pero sin estar. A la espera de un acuerdo del Senado que tampoco le daría legalidad a su permanencia como jueza y en el caso de otorgar la prórroga, todas sus decisiones serían pasibles de impugnación.¿Percibirá su remuneración sin desempeñar tarea alguna?
La verdadera trastienda del incordio de la jueza Figueroa es una foto nítida de algunas de las miserias del Poder Judicial Federal. Así es la percepción negativa que la gran mayoría de la ciudadanía tiene sobre sus integrantes. Vale aclarar que no todos los jueces federales averguenzan, pero son demasiados los que sí.
Ana María Figueroa integrante de Justicia Legítima y adherente a las ideas del ex juez Eugenio Zaffaroni, sostenedor de la doctrina del “law fare”, de mucha influencia en Universidades y jueces con sus teorías permisivas sobre el delito e incluso abolicionistas del derecho Penal, es una pieza considerada clave por Cristina Kirchner.
Participa en las causas Hotesur/Los Sauces y en la del memorandum sobre Irán . Muy sensibles para la vicepresidenta. Considerada en el universo K, útil a todo servicio.
Ana María Figueroa es una jueza militante. No honra el cargo que pretende seguir ocupando. Es una integrante de peso, que ha puesto a la Justicia en la picota del descrédito y la desconfianza popular. Su persistencia ilegal e indigna para permanecer en el cargo la define.
Carga pesada y mancha oscura de la desprestigiada Justicia Federal. Puede que su insistencia en permanecer en su cargo no prospere. Mientras tanto y a la espera, se conforma con la nada misma. Todo vale y es posible. Triste y lamentable.
