Fue una instancia de alegría para el oficialismo y para quienes abogan por relaciones de trabajo modernas, equitativas y con el espíritu de generar puestos de trabajo legítimos que dignifiquen a los trabajadores. También se constituyó en un hecho histórico. Es la primera vez que se avanza desde la restauración democrática en este sentido.
En todas las anteriores oportunidades, los intentos fueron frustrados. Vale recordar la llamada Ley Mucci impulsada por el gobierno de Raúl Alfonsín y abortada en el Senado por un voto, el del senador neuquino Elías Sapag, que dio motivo a numerosas suspicacias. Esta tentativa no concretada, marcó negativamente el gobierno del presidente radical para siempre y consolidó hasta ahora un modelo de legislación basada en el fascismo italiano.
La negativa continua del perokirchnerismo a todo atisbo de reforma, con el infaltable apoyo de la izquierda y la colaboración firme y cercana de la CGT, los empresarios prebendarios y los que no quieren competir, más los eternizados y millonarios burócratas sindicales, ha devenido en un estancamiento de más de 10 años en la creación de puestos de trabajo y en un porcentaje de alrededor del 45% de trabajadores en negro. Un verdadero “éxito” económico y logro social del status quo.
La Ley de Modernización laboral aprobada en el Senado Nacional por 42 votos positivos contra 30 negativos es sólo el primer paso, muy importante, de un proceso que continúa y que debe sortear instancias y variadas dificultades venideras. Un camino a recorrer.
Esta aprobación se consiguió luego de trabajosas gestiones, llevadas adelante principalmente por parte del ministro del Interior Diego Santilli y la senadora Patricia Bullrich. La tarea no fue sencilla y el proyecto oficial original tuvo más de 28 modificaciones, donde el gobierno tuvo que ceder principalmente ante los requerimientos de la CGT, los gobernadores, los bancos y algunos sectores corporativos.
Fue el primer obstáculo a superar. Logro conseguido parcialmente, por lo cedido, pero logro al fin. Un éxito parcial. Habrá en el tiempo que insistir con aquello valioso que no se consiguió. Tarea faltante venidera.
Hay que resaltar la violencia conque se manejaron grupos anárquicos habituales, la izquierda dura, el kirchnerismo acérrimo y los adherentes a Juan Grabois. Hicieron recordar las 14 toneladas de piedra lanzadas durante el gobierno de Mauricio Macri. Van a insistir en el paso por Diputados, aunque ahora las fuerzas de seguridad están más avisadas y atentas.
Salvo Grabois y algún otro legislador solitario, en el Senado, al margen de alguna virulencia verbal y cesiones de última hora, el proyecto de ley obtuvo media sanción.
Segundo paso: el tratamiento en Diputados. Para convertirse en ley, se deberá negociar también intensamente y que no se apruebe con cambios, para evitar su vuelta al Senado. Hay buenas perspectivas, pero no aseguradas.
Los barones del atraso, los burócratas de siempre y los opositores a toda costa, sumados a los violentos, han anticipado estentóreamente su accionar negativo. Se debe estar tranquilos y preparados, para evitar consecuencias muy dañosas, buscadas intencionadamente.
Convertida en ley la modernización laboral, sería el primer cambio de legislación desde la restauración democrática en 1983. 43 años transcurridos.
Tercer paso y no sencillo: aguarda expectante, una porción considerable de la Justicia Laboral. Plagada de jueces militantes anti empleadores y anti empresas, a lo largo y ancho del país, pero prevalecientes mayoritariamente en la provincia de Bs As y en CABA, han sido activos partícipes del estancamiento en la creación de puestos de trabajo y actores principales de quiebras y cese de actividades de numerosas mini, pequeñas y hasta medianas empresas.
Aplicando casi automáticamente sentencias a favor de los empleados, con el pago de montos estrafalarios, imposibles de solventar en muchos casos por los empleadores, su irracionalidad ha motivado que la Suprema Corte de la Nación comience a intervenir para morigerar montos impagables.
Se convirtieron en verdaderos destructores de emprendimientos de diversos tamaños y con sus sentencias, que incluso avalaron tomas e interrupción de la actividad laboral por bloqueos y violencia sobre obreros y propietarios, terminaron por atentar contra aquello que “supuestamente protegían”.
No desaparecen si se sanciona la nueva ley, están en el mismo lugar y atentos y es muy probable que broten fallos de inconstitucionalidad de varios artículos, a pedio de quienes se oponen a todo cambio. Son ante todo Militantes.
Se ha conseguido un hito trascendental, pero sólo es el primer paso. El camino ha recorrer es escarpado y no exento de dificultades. No debe frustrarse el intento nuevamente, porque el sistema vigente sólo trajo desempleo y cierre de actividades. No se trata de conculcar derechos, sino de aplicar racionalidad y adecuación a las nuevas formas de trabajo.
Los alrededor de 80 años de desatinos y regresión no son sencillos de sortear. Pero es uno de los ítems, de varios, que el país debe lograr, para comenzar su recuperación. Indispensable e insoslayable.
