Se trata de uno de los juicios por causas de corrupción más importante y grande de la historia nacional. Deben afrontar el juicio oral una cantidad importante de ex funcionarios perokirchneristas, encabezada la lista por Cristina Fernández de Kirchner y muchos de los empresarios más relevantes de la Argentina, declarándose arrepentidos y confesando el pago de coimas.
Salvada la excepción por la pandemia, los juicios penales son y deben ser orales, presenciales y públicos. Es en ese ámbito donde se dirime mirándose a las caras, jueces.fiscales procesados y el pueblo presente, la culpabilidad o la inocencia.
Gestos, rostros, actitudes corporales, tonos de voz, son importantes. En ese ámbito colectivo es donde la balanza de la Justicia debe actuar con la máxima precisión.
No fue lo que tienen en cuenta y se resisten a llevarlo a cabo los jueces del TOC7. Importante sus apellidos, para tenerlos presente y no olvidarlos..
Germán Andres Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.
Sabían desde largos años atrás que la historia los había elegido. Magistrados frente a un hecho de inmensa trascendencia. No obstante ello, lo que por su autonomía decidieron, lució inconcebible e irresponsable.
Audiencias por vía virtual, un día a la semana y de cuatro horas de duración. Muy difícil de entender. Conocedores de tribunales aventuran una duración de 4 a 5 años del juicio. Esa extensión es imposible e ilógica, como lo es la no presencialidad.
La sociedad aguarda expectante saber si se robó o no, quien lo hizo y por que montos. Jueces, fiscales, testigos no van a recordar lo que dijeron cuatro años atrás. Quien puede asegurar que amparados en la virtualidad las declaraciones no sean guionadas, desde fuera de las cámaras.
Al interior de la familia judicial, la decisión de los tres jueces impactó negativamente y hay que tener en cuenta que la “corporación” es solidaria y benévola para consigo misma. En los pasillos tribunalicios se comenta el enojo de los miembros de la Suprema Corte y de los integrantes de la Cámara de Casación.
Justamente los miembros superiores de Casación advirtieron a los tres jueces remisos, a realizar el juicio de manera presencial, tres veces por semana, durante 8 horas y obviando la feria judicial de enero. Oídos sordos.
Los magistrados poco laboriosos arremetieron en una declaración por escrito contra las autoridades judiciales superiores por no haberles dado los recursos monetarios necesarios, ni el personal suficiente. Olvidaron que habían rechazado el ofrecimiento de la Suprema Corte de que colaboraran con el tribunal, todos los funcionarios avocados al caso, durante la instrucción llevada a cabo por el fiscal Stornelli y el fallecido juez Bonadío.
Afirmaron que nadie se había opuesto con anterioridad al sistema que habían elegido para llevar adelante el litigio. Tampoco totalmente veraz. La fiscal Fabiana León bregó en varias oportunidades por la presencialidad y la mayor cantidad de jornadas laborables.
Sentenciaron que no trabajan para “ser populares” y arremetieron contra la prensa( algo habitual). Inexacto.
Nadie pretende ni exige popularidad de estos ni de ningún magistrado. Sólo se les requiere laboriosidad y objetividad Culpar a la prensa resulta obvio y torpe. Sólo puso a la luz pública la falta de tino y el escaso afán laboral de los tres magistrados.
No obstante ello, agregaron un día a la semana de labor y extendieron la jornada, pero no a 8 horas. Insuficiente.
El martes próximo podría haber novedades más categóricas por parte de los jueces de Casación.
Señores jueces Castelli, Méndez Signori y Canero; tomen conciencia del lugar que ocupan, de la trascendencia del caso de la causa Cuadernos, con 87 imputados, 22 ex funcionarios públicos,65 empresarios y alrededor de 400 testigos, y de la imperiosa necesidad de la mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación del juicio.
La cuestión del espacio físico quedará resuelta a fines de noviembre con la finalización del reacondicionamiento y la ampliación a 240 personas de la sala AMIA.
La Justicia tardía no es Justicia. La demora erosiona la legitimidad de un sistema ya muy cuestionado y que las encuestas de opinión pública lo sitúan en los últimos lugares de aprobación de la ciudadanía. Con actitudes como las de estos tres jueces se acentúa la distancia entre el ciudadano común y el Poder Judicial.
