Parece surrealismo mágico, pero lamentablemente es pura realidad que duele y es una de las causas de la delicada e inconcebible situación en la que se encuentra la Argentina.
Hace demasiado tiempo la Justicia en el país está sentada en el banquillo de los acusados. Cuando consultoras reconocidas auscultan el ánimo o la opinión pública en relación a la calidad, funcionamiento o valoración de instituciones públicas y/o privadas de la Nación, la Justicia se encuentra hace tiempo entre las menos valoradas. Doloroso; la sociedad no confía en el dique contenedor y la instancia que dirime los conflictos de la vida diaria o reprime y repara el daño causado por hechos delictuosos.
Con habitualidad se habla de la lentitud de la justicia, pero en los últimos años se agregó una definición lascerante; La Justicia que no juzga. A las chicanas habituales procesales para relantizar el avance de los juicios, el cajoneo de los expedientes para favorecer funcionarios, empresarios o sindicalistas en casos de corrupción o la aparición sorpresiva de testigos o documentos probatorios”cuasi mágicos”que cambiaban impensadamente el destino de causas resonantes, el kirchnerismo sumó daño concreto a la credibilidad de la justicia argentina.
Irrumpieron las teorías garantistas y hasta las abolicionstas y los jueces militantes K. El daño menor es el de la puerta giratoria, delincuentes que delinquen y con presteza son liberados por jueces zafaronianos que los consideran víctimas de una sociedad injusta. Tierra fértil para la repitencia delictual.
Los jueces militantes K y a servicio pleno, tuvieron su expresión máxima en los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que desde el Tribunal Oral Federal 5 dictaron un insólito y obsceno sobreseimiento exprés a Cristina Kirchner, sus hijos y cómplices en la causa Hotesur Los Sauces por lavado de dinero y asociación ilícita. Nunca había sucedido en la historia judicial argentina.
Con su sentencia evitaban el juicio oral donde todas las partes exponen sus argumentos y pretensiones en público y donde al final se dicta sentencia de inocencia o culpabilidad. El daño estructural causado por esta sentencia vergonzosa a la Justicia, sería inmenso e irreparable si la Cámara de Casación avalaba el disparate firmado por Obligado y Grünberg.
Recordemos la trama de los casos Hotesur y Los Sauces empresas investigadas por lavado de dinero. La primera era la empresa hotelera de los Kirchner, que nunca tuvo ocupación plena y con serios problemas de financiamiento: Los Sauces la inmobiliaria, no tenía sede comercial y era sólo vehículo de alquiler de los inmuebles. El Ministerio Público Fiscal en la elevación a juicio sostuvo”que son firmas que nunca tuvieron fines comerciales, sino ser una pantalla para maniobras de blanqueo”.
Lázaro Baez, Cristóbal Lopez y Fabián De Souza, empresarios afines, se sospecha que contrataron falsamente durante años habitaciones de los hoteles de los Kirchner, como forma encubierta de pagar sobornos a cambio de los contratos recibidos con sobre precios en la provincia de Santa Cruz por parte del Estado.
La Sala 1 del máximo tribunal penal del país, luego de la apelación del sobreseimiento por parte de la fiscalía, estaba en condiciones de emitir sentencia desde principio de año. Ahí apareció otra jueza militante, Ana María Figueroa , presidenta de la Sala, quién demoró in eternum su decisión e incluso se quizo aferrar al cargo luego de cumplir 75 años y no tener acuerdo del Senado para prorrogarle su permanencia, pese a tener que jubilarse por su edad.
La Suprema Corte tuvo que emitir resolución apartándola de su cargo, interpretando la Constitución según su propia jurisprudencia, establecida en el caso Schiffrin. Eyectada de la Justicia.
La Sala 1, hechada Figueroa, quedó en condiciones de emitir sentencia. Y lo hizo: revocó el insólito sobreseimiento dictado por los impresentables militantes jueces pisoteadores de la justicia y el sentido común. Los apartó de la causa, con excepción de la jueza Adriana Palliotti que había votado en disidencia y ordenó la realización del juicio oral.
El sobreseimiento confirmado de Florencia Kirchner resulta ambiguo. Aparece razonable el fundamento de que las acciones comenzaron cuando tenía sólo 12 años, que nunca fue funcionaria pública ni tuvo acción concreta en el ejercicio de los negocios hoteleros. ¿Y los cinco millones de dólares que aparecieron en una caja de seguridad bancaria a su nombre? Tampoco fue relevante para los jueces que fuera miembro de los directorios de las empresas ni su firma en actas alteradas expresamente, cuando ya era mayor de edad y consciente de sus actos. Opinable.
Queda la instancia apelatoria ante la Suprema Corte. Si no prospera, Cristina, Máximo, Lázaro, Cristobal López y demás cómplices estarán sentados en el banquillo de los acusados, como corresponde.
Allí podrán demostrar su inocencia con pruebas, declaraciones y testimonios. En aproximadamente 10 años que lleva la causa nunca lo hicieron ni pudieron presentar un elemento exculpatorio.
Extraño, porque toda persona inocente está urgida por demostrarlo. Cristina y sus cómplices, todos sin excepción, lo único que hicieron fue manipular, demorar, entorpecer el proceso o apoyarse en jueces que no merecen serlo, para conseguir impunidad. El juego perverso, en Casación se terminó.
Igualmente fue revocado el fallo exculpatorio por la causa Memorándum con Irán. Es la denuncia impulsada por el asesinado, según la Justicia, ex fiscal Alberto Nissman, quién había acusado a la entonces presidenta de encubrir a los iraníes sospechosos prófugos como autores intelectuales de actos terroristas. Para los jueces de Casación, no se discutía el Pacto con Irán, que es una potestad del gobierno sino el plan delictivo denunciado por Nisman.
Barroetaveña y Petrone afirmaron que los jueces del TOF8” efectuaron una interpretación forzada y arbitraria” del artículo 361 del Código Procesal Penal. En este caso fueron fundamentales los abogados querellantes de la DAIA y los familiares de las víctimas. El fiscal ante Casación, el militante Javier de Luca, había desistido de la apelación entendiendo que no había delito en suscribir un tratado internacional ratificado por el Congreso. Siempre listo y disponible.
Fueron apartados por el fallo de Casación los jueces José Michilini, Gabriela Lopez Iñiguez y el siempre presente y a todo servicio Daniel Obligado.
El fallo de Casación viene a reivindicar a un sector de la justicia que es muy importante en la vida institucional y diaria de la Argentina. Se ocupa de investigar los presuntos casos de corrupción por parte de funcionarios públicos.
El camino al juicio oral está abierto. Allí los imputados, en juicio público podrán demostrar su inocencia. Todas las tropelías, artimañas, corrimiento de jueces y fiscales y chicanas de todo tipo quedaron en el pasado. Al igual que el alegamiento de law fare o persecución política. Es la instancia de presentar pruebas o testimonios y declaraciones certeras que demuestren su inocencia.
Quedaron excluidos los vergonzantes jueces militantes y también expuestos a la cruda opinión pública. No deben quedar en el olvido.
Por la relevancia del fallo y la alta exposición pública, estas sentencias pueden ser un hálito de esperanza y confianza en recuperar la fe en la Justicia, tan devaluada por el omnímodo poder de los Kirchner, sus fanáticos adherentes y los jueces militantes de Justicia Legítima.
Un tiro para el lado de la Justicia. Hacía falta.
Joaquín Del Tirso
