La violencia narco en Rosario llegó a niveles antes desconocidos para la Argentina: asesinatos aleatorios en plena vía pública para sembrar el terror. La respuesta de las autoridades contra este fenómeno inusual -que rápidamente fue bautizado como “narcoterrorismo”- fue, en general, más de lo mismo: aumento de efectivos policiales, promesas de penas más duras, y atisbos de militarización del conflicto. Pero, como incansablemente ha repetido el presidente Milei para justificar el giro de 180 grados en materia económica, “si seguimos haciendo lo mismo no podemos esperar resultados distintos”. Si queremos terminar con el narco, hay que seguir el dinero.
A estas alturas -y niveles de corrupción-, debe agradecerse que los gobiernos central y provincial deseen combatir el narcotráfico y no ser cómplices, pero lamentablemente las primeras medidas anunciadas siguen en línea con la famosa política de la ultra fracasada “war on drugs”. Más policía, más penas, más armas. Si bien la guerra contra las drogas, tal como se concibió en los Estados Unidos hace ya más de 50 años, era tanto contra la demanda como la oferta, rápidamente se demostró que el problema de la demanda era una cuestión de salud pública y no de seguridad pública. Quedó la guerra contra la oferta; contra el narco.
¿Y cómo le fue al mundo en esa guerra? Mal. Pasamos de organizaciones criminales a narcoestados. Todo país democrático, o que pretenda ser democrático (saquemos de la ecuación a países no-democráticos, como Singapur, donde las reglas de juego son otras) que llevó adelante políticas de combate violento del narcotráfico, terminó con miles de muertos y el narco metido adentro del propio Estado. México, Brasil, Colombia, y, más recientemente, Ecuador.
En México llamaron a los militares a combatir al narco, como sugieren aquí varios altos funcionarios del gobierno federal y también formadores de opinión pública, llamados comúnmente periodistas. Pasó lo que iba a pasar: nació el Cartel de los Zetas, formado por exmiembros de las Fuerzas Especiales mexicanas puestos antiguamente a combatir el narcotráfico, y otrora calificado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) como “el grupo paramilitar más tecnológicamente avanzado, sofisticado y violento”.
Este no es un problema exclusivo del tercer mundo. Sorprendentemente, el país europeo que viene liderando las estadísticas de criminalidad violenta y de muertes por armas de fuego en Europa es -nada más y nada menos- Suecia. El país escandinavo, antes considerado un ejemplo en materia de seguridad, se encuentra sumido desde hace algunos años en una violenta guerra entre bandas narco.
Entonces, mientras damos la discusión sobre lo que hoy parece ser la solución más en boga, la despenalización gradual y paulatina del comercio de estupefacientes con la consiguiente transición de un mercado ilegal de drogas a uno legal y regulado (que también tiene sus grandes problemas irresueltos, como demuestra la experiencia de Países Bajos, que hoy se ha convertido en el mayor productor de drogas sintéticas de Europa y la puerta de entrada de la cocaína al Viejo Continente a través del puerto de Rotterdam), probemos con lo que realmente funciona: sigamos el dinero producto del narcotráfico.
En una nota publicada ayer en el diario La Nación, el periodista Hugo Alconada Mon reveló que sólo en Rosario el narcotráfico mueve más de 100 millones de dólares al año. Un negocio multi millonario en un país pobre. Pero todo ese dinero tiene que ir hacia algún lado, el narco no delinque por motivos ideológicos (por más que se empecinen en llamarlos terroristas) ni es un Robin Hood moderno, sino para ganar dinero y disfrutarlo. Y para disfrutarlo antes tiene que lavarlo.
A diferencia de la droga, que rara vez pasa cerca de los altos mandos de los clanes narcos, sino que se mueve entre soldaditos fácilmente fungibles y mandos medios, el producto de la venta de la droga sí que llega directamente a los jefes. Es más fácil secuestran autos de lujo y embargar mansiones que encontrar un contenedor con droga (para tener una idea, según Europol, solo el 2% de los contenedores se someten a una inspección física en Europa). Y todavía mucho más fácil es conectar al narco con esos bienes que con el cargamento de droga. Además, tenemos una ventaja: los clanes narcos rosarinos no son organizaciones criminales transnacionales complejas que se valen de lavadores ultra profesionales, sino que utilizan métodos de lavado de dinero bastante rudimentarios. Esto es una constante en Argentina (como ejemplo, basta la supuesta utilización de hoteles para lavar el dinero producto de la corrupción que se investiga en la causa Hotesur). Sólo con poner el ojo en inmobiliarias, casas de cambio, financieras, escribanos, juegos de azar, concesionarios se “descubrírían”varias maniobras de lavado que ocurren a plena luz del día. En fin, ninguna actividad que en el mundo -e inclusive aún en la Argentina- no se encuentre ya sujeta a fuerte controles de prevención del lavado de activos. Otra cosa es que se cumplan.
Los números demuestran que en Argentina el dinero no se sigue. Según el último informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre los años 2017 y 2020 se iniciaron en la Argentina 1.386 procesos penales por lavado de activos, pero entre enero de 2017 y diciembre de 2021 sólo se registraron 58 condenas por lavado de activos. De esas 58, en 34 se identificó como delito precedente el narcotráfico. Es decir, se promedia menos de ocho condenas por lavado de activos derivados del narcotráfico por año. Aunque es claramente un avance respecto a años anteriores (se pasó de 1 sentencia condenatoria por lavado de activos en el año 2011 a 23 en el 2021), son números increíblemente bajos en comparación con un fenómeno delictivo que no para de crecer.
Los motivos por los cuales esto puede suceder son varios: falta de medios (las investigaciones por lavado de activos requieren recursos humanos altamente capacitados en la temática), falta de voluntad judicial (el lavado de activos generalmente incluye a personas con alto poder adquisitivo, conexiones políticas y suelen tocar a los estratos más altos de la sociedad) y, porque no, falta de voluntad política (no solo por motivos corruptos, sino también porque es más efectista decir que se va a llenar la calle de policías y mostrarse con uniforme militar en una “quema” de droga incautada).
Queda alguna esperanza. El Ministerio de Justicia comunicó algunas medidas que van en sintonía con el combate del narcotráfico mediante la técnica de “follow the money”: fortalecimiento del sistema acusatorio, refuerzo de la delegación de la Unidad de Información Financiera en Rosario y ley de extinción de dominio. Ojalá se pase de los comunicados a la acción, porque si seguimos haciendo lo mismo no podemos esperar resultados distintos.
